Telefónica

Imagínese, por un momento, que los grandes bancos fueran, de facto, los dueños de las grandes empresas. Suponga, por ejemplo, que grandes bancos como el Santander, La Caixa o el BBVA fuesen accionistas de referencia de grandes empresas estratégicas como Telefónica, Repsol, Gas Natural, Metrovacesa, Campofrío o Sacyr, por mencionar algunas. Piense, por un momento, que esas acciones les diesen a los bancos poder de decisión en los consejos de administración de esas empresas y que mediante presidencias, vicepresidencias y vocalías, los bancos pudiesen forzar su voluntad en estas grandes empresas.

En ese caso, pequeñas decisiones sin trascendencia aparente tendrían repercusiones multimillonarias en las cuentas de resultados de estos gigantes financieros. Supongamos, por ejemplo, que a través de los consejos de administración, los bancos lograsen que estas megaempresas retrasaran sus pagos a todas las pymes que les son, de un modo u otro, proveedores, durante un par de meses o tres. ¿Cual sería el resultado de este retraso? Bueno, yo diría que a corto plazo, los bancos en los que se encuentran las cuentas de estas megaempresas experimentan un aumento de sus depósitos y por tanto maquillan un poco su situación financiera. Parece lógico pensar que esas cuentas estarán en los bancos que son accionistas de la empresa. Analicemos ahora lo que ocurriría de manera colateral…

Estas pymes que son proveedores de grandes empresas y que dan empleo a decenas -si no cientos- de miles de personas, ya atraviesan una situación financiera delicada derivada de la falta de crédito bancario. Una falta de crédito, dicho sea de paso, provocada por el cerrojazo de estos mismos bancos accionistas de las megaempresas al crédito empresarial, motor real de la economía. Si se produjese ese retraso injustificado en los pagos a las pymes, muchas de estas pymes retrasarían, a su vez, sus propios pagos a sus empleados y a otras microempresas y autónomos al carecer de financiación para hacer frente a sus obligaciones. Son precisamente los empleados, las microempresas y los autónomos los que soportarían -para varíar- esta financiación indirecta de los bancos y el efecto dominó sería devastador. Por ejemplo, un empleado que no cobrase su nómina a tiempo no podría hacer frente al recibo de la hipoteca o del crédito personal para comprar su coche. Esto provocaría una serie de gastos en su cuenta bancaria y el pago de todo tipo de penalizaciones e intereses. ¿Quién sería el beneficiario final de estos retrasos? Nuevamente los mismos bancos que pudieron instar, en primera instancia, el retraso de los pagos a las pymes dado que ellos controlan el flujo de capital y saben que finalmente cobrarán, con el suficiente retraso como para generar unos costes e intereses desorbitados.

Supongamos ahora que los partidos políticos mantuviesen deudas con los grandes bancos por valor de más de 200 millones de euros y que muchas de esas deudas estuviesen vencidas y fuesen legalmente exigibles. Imagínese lo que ocurriría si un gran banco decidiese quitar su sede de Génova a los populares o la suya de Ferraz a los socialistas por falta de pago. Vale, tiene usted razón, centrémonos en imaginar posibilidades reales…

¿Qué ocurriría si, para evitar estos deshaucios, los bancos condonasen su deuda a los partidos políticos de manera disimulada y con la ayuda de un tribunal de cuentas que se niega a publicar los nombres de los bancos que conceden los créditos a los partidos políticos? ¿De donde saldría el dinero para tapar esas deudas? ¿Del bolsillo de los banqueros? Si, yo también lo dudo. Todo apunta a que es el pequeño ahorrador, el currito de a pie, el que a base de comisiones injustas, de cuotas disimuladas en letra minúscula en contratos cuyas claúsulas le son absolutamente desconocidas, de suelos en hipotecas de los que nunca oyó hablar antes de la firma el que acaba financiando este desaguisado.

¿Y a quién puede reclamar este último? Puede poner una reclamación en su banco y, transcurrido un tiempo elevarla al banco de España, donde unos señores que escriben de manera muy oficial y han sido puestos a dedo por los mismos políticos que tienen deudas millonarias con los bancos, le darán, en todas y cada una de las ocasiones, la razón a los bancos.

Esto, y no otra cosa, es la perversidad del sistema que nos ha tocado vivir.

Tiene guasa que llamemos Democracia a cualquier cosa. Entre PP y PSOE se reparten la inmensa mayoría de los votos en las elecciones y sin embargo, en el último lustro hemos estado gobernados por partidos regionales nacionalistas y minoritarios. Sin embargo, como parece que se ha acabado el dinero para repartir a los reinos de taifas, ahora nos gobiernan los mismos que nos joden. ¿Para qué quiere Mr. Bean 600 asesores si ahora resulta que las decisiones políticas en este país las toman Botín y compañía?

El Santander ganó en 2010 unos 8.100 millones de euros (si, ocho mil cien… mi calculadora también da error al pasarlo a pesetas, pero si lo hago a mano me salen 1,35 billones de pesetas). Cierto es que «sólo» el 15% del beneficio es atribuible al mercado español, o sea, 1.215 millones de euros (unos doscientos mil millones de pesetas).

Los últimos beneficios conocidos de Telefónica también se sitúan en el entorno de los 8.000 millones de Euros. En este caso además, batiendo records de todo tipo. Cómo es lógico, tampoco proviene del mercado español la totalidad del beneficio, pero no es moco de pavo lo que nos sacan aquí. De las grandes constructoras mejor no hablo. No sólo se adjudican la mayoría de la obra pública, sino que luego la subcontratan por cuatro perras.

Y yo me pregunto, por no explayarme uno a uno con los demás iluminados que han aconsejado a Zapatero que acabe la legistatura, ¿acaso estos dos presidentes de megacompañías, con los intereses que manejan, son las personas adecuadas para decidir el futuro político de nuestro país? ¿Alguien se cree que este grupo no anteponga sus intereses personales y empresariales a los del país? Yo no.

Botín, Alierta y compañía, con todo el respeto que me merecen -que no es poco-, no tienen ni idea de la crisis del ciudadano de a pie. Aunque sus empresas representan la mayoría de los beneficios empresariales del país, en términos de empleo, son insignificantes en comparación con las Pymes y los autónomos.

Permitiendo a este selecto grupo de empresarios tomar las decisiones que en democracia se encomendó a un partido tomar, no vamos a acelerar la salida de la crisis, sino que vamos a engordar su cuenta de resultados. La única manera de salir de la crisis es generando empleo, y si Mr. Bean quiere saber algo acerca de generar empleo, con quien debe reunirse es conmigo y con los millones de empresarios y autónomos que no contratamos personas porque estamos hartos de que los beneficios empresariales sean para el Santander y Telefónica porque tengamos que domiciliar las nóminas de nuestros empleados o les tengamos que dar un móvil de empresa.

En definitiva, lo razonable sería que el gobierno mirase hacia las pymes y autónomos si lo que busca es un atajo hacia la salida de la crisis. Mientras mire a empresas con miles de millones de beneficio lo único que conseguirá será salir en bonitas fotos en la prensa, que por otro lado es probable que sea lo que busca.